Movimiento Ciudadano presenta iniciativa para prohibir la producción de hidrocarburos a través del fracking.

Apreciables clientes y amigos,

El pasado 7 de octubre de 2021, representantes del partido político Movimiento Ciudadano presentaron ante la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir la realización de actividades de producción mejorada de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica o fracking (la “Iniciativa”). La Iniciativa propone prohibir las actividades de extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos por medio de fracturación hidráulica o fracking, así como cualquier otro método que atente en contra de la integridad del medio ambiente.

Al respecto, la Iniciativa define el fracking como “el tratamiento de estimulación ejecutado en pozos de petróleo o gas que se encuentran en yacimientos de baja permeabilidad, el cual consiste en la inyección de un fluido especial que es bombeado a una alta presión y a un alto régimen de bombeo, con la finalidad de producir fracturas en las formaciones que permitan la fácil liberación de hidrocarburos líquidos o gaseosos”.

En la Exposición de Motivos de la Iniciativa, el Grupo Parlamentario señala que las actividades relacionadas con el fracking generan importantes daños ambientales, tanto atmosféricos como respecto de los mantos acuíferos cercanos a los pozos, aunado al uso excesivo de agua, la cual no puede ser tratada y recuperada al cien por ciento, privando a su vez a las comunidades cercanas a dichos centros de trabajo de dicho líquido, haciendo énfasis especial en las comunidades que ya cuentan con un grado alto o muy alto de marginación.

Asimismo, los legisladores hacen referencia en la Exposición de Motivos a diversos estudios en los cuales se han determinado la existencia de afectaciones a las poblaciones femeninas que habitan cerca de los centros de trabajo, entre los que se encuentran riesgos a mujeres embarazadas por partos prematuros o embarazos de alto riesgo, abortos espontáneos o retraso en el desarrollo de los mismos, así como un aumento en las probabilidades de generar enfermedades como cáncer, problemas nerviosos, inmunes y del sistema cardiovascular derivado de las sustancias que emiten dichas actividades de producción asistida.

Es importante señalar que la actual legislación autoriza a los Permisionarios realizar actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos previo permiso otorgado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”), y tratándose de cambios en las operaciones en yacimientos no convencionales en tierra, se permite la realización de actividades de fracturación hidráulica a través de la presentación de un Aviso de Cambio de Operaciones ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (“ASEA”), por lo que a la fecha existen diversas empresas realizando dichas actividades, las cuales se encuentran concentradas principalmente en los Estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León.

Con respecto a los permisos y contratos existentes, la Iniciativa contempla en su parte Transitoria que, a la entrada en vigor de esta, la CNH deberá establecer un plan de acción para la cancelación de aquellos contratos que prevean la extracción de hidrocarburos líquidos o gaseosos por medio de fracking.

Al tratarse de una propuesta de reforma constitucional, será necesario que la misma sea aprobada por dos terceras partes del Congreso (Cámara de Diputados al menos 333 Diputados; Cámara de Senadores, al menos 85 Senadores) y al menos 17 Legislaturas Locales.

Es importante señalar que a la fecha no es posible ejercitar acciones tendientes a impugnar la Iniciativa, aunado a que dados los precedentes generados por los órganos del Poder Judicial de la Federación es posible que sea necesaria la expedición o adecuación de las disposiciones secundarias previas a poder promover algún medio de defensa.

No obstante lo anterior, consideramos que para el caso que la Iniciativa sea aprobada en los términos propuestos existirán elementos suficientes para considerar la existencia de violaciones a otras disposiciones de carácter constitucional y tratados internacionales abriendo la puerta al ejercicio de acciones de inconstitucionalidad, y por parte de los particulares, juicios de amparo y/o procedimientos administrativos tendientes a proteger los intereses de los participantes en el sector; así como la posibilidad de que se inicien procedimientos de solución de controversias en sedes internacionales. Una vez que se apruebe y se publique la versión final de la Iniciativa, estaremos en posibilidad de analizar y proponer las posibles acciones y mecanismos para la impugnación de la misma.

Los abogados de Mañón Quintana estamos a sus órdenes para atender y resolver cualquier cuestión relacionada con la Iniciativa.